Hace apenas 5 años se llevó a cabo una revolución en el ámbito universitario al equiparar la mayoría de las carreras universitarias a una duración de 4 cursos, equivalentes a los estudios anteriores de 3 años. Para acceder a las anteriores titulaciones de 5 años se debería hacer un máster de 1 año como mínimo. Este cambio se realizó bajo el paraguas del Espacio Europeo de Educación Superior o plan Bolonia, cuyo objetivo al principio era el de igualar a nivel europeo todos los títulos universitarios. Cómo se ha visto en la aplicación de este plan, su fracaso es mas que evidente, puesto que apenas un puñado de países se han acogido definitivamente a él y a las carreras de 4 cursos, y los títulos cursados bajo este marco no habilitan competencias de títulos similares existentes en otros países europeos.
Después del trabajo de adaptar todas las titulaciones a esta norma de Bolonia y cuando apenas han terminado sus estudios unos poco alumnos de los que han realizado los nuevos grados universitarios, llega el Gobierno Español y con un decretazo dicta que las universidades tienen ahora la posibilidad de rebajar estos grados a 3 años y 180 créditos frente a los 240 créditos y los 4 años recientemente implantados, creando además estudios de máster de 2 años para rellenar así los actuales 4+1 o directamente poder realizar un 3+1. Este decreto se justifica en que hay que equiparar las titulaciones a lo que existe en la mayoría de los países de Europa, no acogidos al 4+1 de Bolonia desde un principio y que tienen planes parecidos a lo que existían en España antes de aplicarse este plan.
Entre tanto cambio de planes, los estudiantes universitario se encuentran en una situación de total desconcierto sobre lo que se está o no estudiando, llegando a juntarse en algunas facultades o centros alumnos de 3 planes de estudio distintos y con un futuro bastante incierto sobré si se podrá acabar la titulación que se ha empezado y sobre las competencias profesionales que se obtengan tras acabar los estudios.
¿En qué situación queda un estudiante que ha terminado su grado de 240 créditos y 4 cursos si la universidad decide ahora cambiar esa misma titulación a 3 cursos y 180 créditos? Pues en situación de sentirse estafado, puesto que ha tenido que trabajar mas tiempo para lograr lo que ahora se conseguiría con un 25% menos de tiempo, y por supuesto esfuerzo. ¿Y qué pasará por la cabeza de quién tenga pensado empezar unos estudios en los que se atisban grandes cambios en sus planes de estudio? Pues que estará empezando a estudiar algo con fecha de caducidad. Por si ya no fuera lo suficientemente duro para un alumno su día a día de clases, trabajos, prácticas y exámenes, echamos encima losas sobre el futuro del trabajo de aprendizaje que está llevando a cabo.
Dejando a un lado ideas políticas partidistas y el debate sobre si uno u otro sistema será o no mas caro para las familias, con tanto vaivén en las políticas educativas se crea un caldo de confusión, no sólo entre el sector educativo, sino entre los empresarios dispuestos a contratar a alguien que haya finalizado sus estudios y que ya no saben muy bien que tipo de profesionales ni con que competencias existen en el mercado laboral, si graduados o graduados superiores o licenciados o ingenieros,... Esta confusión entre la gente que debe emplear a los universitarios es todavía mas grave y tiene mas consecuencias negativas que la que se crea entre los propios estudiantes.
La política educativa de un país debe situarse al margen de otros debates políticos. Es obligado que exista un pacto por la educación que garantice un sistema educativo, desde la educación infantil a la universidad, estable, eficiente y que forme buenos ciudadanos y profesionales. Un buen sistema educativo son los cimientos de un buen mercado laboral. Y un buen mercado laboral es el que sostiene el bienestar y las necesidades de los ciudadanos.
